Reunión con Ministro de
Justicia. Valoración de STAJ
Como ya os hemos informado, en
la reunión mantenida ayer por videoconferencia con STAJ, CSIF, CCOO, UGT y los
autonómicos CIG y ELA, el Ministro de Justicia informó de la intención de
publicar, la semana próxima, un Real Decreto-ley en el que se prevén las
siguientes medidas:
• Habilitación de varias semanas del mes de agosto, para
sacar adelante el previsible incremento de asuntos que se producirá tras el
levantamiento del estado de alarma.
• Establecimiento de turnos de mañana y tarde, reduciendo la
jornada, para evitar la presencia simultánea de toda la plantilla en el centro
de trabajo. La adscripción a los distintos turnos se hará de modo voluntario y
negociado. El Ministerio nos dice que admitirá todas las opciones para hacer
posible la prestación del servicio en turnos. Todo lo cual será objeto de
negociación en los próximos días.
• Movilidad de funcionarios entre órganos judiciales de misma
localidad y jurisdicción.
Estas medidas tendrán
aplicación exclusivamente desde la publicación del Real Decreto-Ley -la semana
próxima (posiblemente el martes)- y durante los tres meses posteriores al
estado de alarma.
El Ministro ha anunciado
también a los sindicatos su compromiso de aprobar planes de choque en las
jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa, así como en los juzgados de
lo Mercantil.
STAJ ha manifestado su rechazo
a estas medidas, por los siguientes motivos.
1. Es absolutamente
inadmisible el método de trabajo del Ministerio, que llega a la reunión con una
propuesta que no detalla y de la que no nos presenta soporte escrito alguno al
que poder formular alegaciones y aportaciones, presionando a los sindicatos
para que demos un sí sobre la marcha, sin conocer siquiera los más mínimos
detalles del proyecto. Se ha limitado a dar su compromiso a negociar la forma
de distribuir los turnos y la manera de establecer la movilidad dentro de la
jurisdicción y localidad, y ofreciéndonos el “regalito” de reducir hora y media
la jornada diaria, y habilitar sólo una parte de agosto, en lugar de todo el mes.
2. Aún estamos en situación de
estado de alarma y de confinamiento, y el Ministerio sigue sin ser capaz de
garantizar las medidas de protección adecuadas (mascarillas, guantes, geles,
mamparas, test de diagnóstico…) No dudamos de su voluntad en hacerlo, estamos
convencidos de que la tiene, pero las dificultades de suministro son enormes, y
el incremento en la presencia de funcionarios en los órganos judiciales
supondrá multiplicar diariamente por diez las necesidades de material actuales.
3.- Desdoblar la prestación
del servicio en dos turnos consecutivos no garantiza en absoluto la contención
en la transmisión del virus, por cuanto éste permanece horas suspendido en el
aire en lugares cerrados. Si no se acomete una limpieza y desinfección diaria
entre turnos, el riesgo de contagio permanece. Además, la coincidencia de
personas en la entrada y salida de los edificios será muy elevada ya que la
idea del Ministerio, que esperamos abandone, es que la hora de fin e inicio de
turno coincidan. Por otra parte, las reducidísimas dimensiones de muchas
oficinas impedirán incluso en varios turnos guardar la distancia social
adecuada entre los puestos de trabajo.
4.- El Ministerio, al tiempo
que dice arbitrar medidas para descongestionar los Juzgados, adopta decisiones
que inciden de manera muy negativa en la acumulación de trabajo, por haber dado
carta blanca e indiscriminada a la presentación de todo tipo de escritos y
demandas, sin priorizar jurisdicciones o asuntos cuya tramitación pueda suponer
una ayuda en la difícil situación por la que están pasando ya miles de
ciudadanos, trabajadores despedidos o sometidos a ERTEs, autónomos sin negocio,
o pequeñas y medianas empresas que han tenido que reducir su producción cuando
no directamente echar el cierre. En cambio, se permite que los bancos, las
entidades financieras, los fondos buitre y las agencias de recobro, acribillen
a sus deudores presentando escritos instando la subasta de pisos, el embargo de
pensiones o la retención de la devolución de Hacienda.
5.- No se ha previsto ninguna
especialidad según los servicios. Por ejemplo, no se sabe si los servicios de
actos de comunicación también trabajarán en horario de tarde. Se acercan los
meses de verano y en buena parte de nuestro país las temperaturas hacen inviable
estar en la calle a ciertas horas. Sin olvidar los muchos centros que carecen
de aire acondicionado o directamente se avería cuando llegan los meses de
calor.
6.- En cuanto a la movilidad
dentro de la jurisdicción y localidad, no encontramos ninguna justificación,
por más que la pedimos, como no sea para utilizarla como excusa para dejar de
nombrar funcionarios interinos cuando se produzcan bajas o ausencias
prolongadas.
7.- La declaración de
habilidad de parte del mes de agosto puede producir el efecto contrario al
deseado. Con el mes declarado inhábil, se “produce” mucho más en los juzgados.
Por otra parte, aunque se diga que no afecta a las vacaciones, está claro que
su disfrute se supedita a las necesidades del servicio. Esperemos que las
necesidades no las determinen los jueces o LAJs, que ajustarán sus agendas de
señalamiento a sus conveniencias personales y no a las del conjunto de
funcionarios del juzgado o la oficina
8.- Aunque el Ministerio
insinúa que se trabajará a puerta cerrada, no lo garantiza plenamente. Ni
siquiera prevé que los juicios y vistas se pospongan unos meses, por lo que la
afluencia de personas en los edificios judiciales puede ser enorme en las
próximas semanas.
En definitiva, el Ministerio
va a aprobar unas medidas más basadas en la propaganda, chantajeando a los
sindicatos y a los funcionarios, pero que no van a contribuir a solucionar los
problemas por su improvisación y por servir, casi exclusivamente, a los
intereses de las cúpulas colegiales de abogados y procuradores, y del propio
Poder judicial.
STAJ ha reiterado nuestra
propuesto de vuelta a la normalidad por fases, y la aprobación de planes de
choque que contribuyan a sacar adelante el trabajo acumulado y el que pueda
acumularse como consecuencia del incremento de la litigiosidad en los próximos
meses.
