REGISTRO CIVIL. Continúan los trabajos para su
mantenimiento en Justicia.
A menos de tres meses
de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, y tras el inexplicable
rechazo parlamentario a la tramitación de la proposición de Ley presentada por
el Grupo Popular en el Congreso, aún no ha comenzado tampoco a tramitarse
la proposición presentada por el Grupo Podemos.
Ambas proposiciones
buscaban el mantenimiento del Registro Civil como un servicio público y
gratuito, dentro de la Administración de Justicia, servido exclusivamente por
personal de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, con la
misma estructura y demarcación territorial actual, manteniendo las actuales
oficinas, incluidas las de los Juzgados de Paz, si bien la propuesta de Podemos
es mucho más extensa y, entre otras muchas cosas, intenta recuperar algunas de
las competencias que hasta ahora eran propias de Registro Civil y que el
Ministerio de Justicia ha ido externalizando en los últimos años (como los
expedientes de nacionalidad por residencia, o la posibilidad de tramitación de
los expedientes matrimoniales y celebración de bodas civiles ante Notario). De
ahí, precisamente, que no entendamos que este Grupo Político rechazara que se
tramitara la proposición del Grupo Popular, pues podía haber presentado su
propio texto como enmienda a la totalidad.
STAJ continúa manteniendo
contactos con Ministerio de Justicia y con los Grupos políticos para
desbloquear la situación. Hemos instado la búsqueda de consensos, y nos
consta que se está trabajando en ello. El problema es el escasísimo tiempo
que queda. Por ello, lo más probable será una nueva prórroga de la entrada en
vigor de la Ley de 2011, pero STAJ ha exigido que aunque se
produzca esa prórroga, la tramitación de la reforma de la Ley debe seguir su
curso, pues en otro caso no se estará sino continuando la situación de
incertidumbre en la que más de 5.000 funcionarios y funcionarias de Justicia,
destinados en Juzgados con competencias de Registro civil, mantienen desde hace
años.
Por otro lado, nos
alegra que por fin haya colectivos que se hayan dado cuenta de la situación y
ahora alcen su voz contra la ley de 2011. Nunca es tarde, aunque nosotros lo
hemos venido advirtiendo desde que se tramitaba aquella ley, pues, como
venimos diciendo desde entonces, con la Ley 20/2011, desaparece el Registro
Civil tal como lo conocemos creándose unas cuantas pocas oficinas de Registro
Civil al antojo de cada Comunidad Autónoma, quedando fuera de la Administración
de Justicia, perdiendo sus destinos los funcionarios que ahora ocupan puestos
de Registro Civil, reordenándose a otros puestos (los funcionarios de carrera)
o directamente cesados (los funcionarios interinos), y poniendo en serio riesgo
la continuidad de los Juzgados de Paz al desaparecer una de sus principales
funciones. En resumen, el desmantelamiento total de las actuales oficinas de
Registro Civil. STAJ lucha para que nada de eso suceda.
