CSIF, CCOO y STAJ exigen
a Justicia que negocie una mejora para toda la plantilla
Tras conocerse la subida salarial para Letrados, Jueces y
Fiscales, los tres sindicatos elevan su protesta al Ministerio
Justicia plantea negociar un acuerdo que ponga fin al
conflicto en Justicia en cuanto haya un nuevo Gobierno y los tres sindicatos
hemos exigido un compromiso público del Ministerio de Justicia para atender las
demandas que nos llevaron a las movilizaciones y a la huelga
Madrid,
3 de octubre de 2023. Los tres sindicatos han
elevado su protesta al Ministerio tras conocer la decisión del Consejo de
Ministros y el departamento de Pilar Llop nos ha planteado retomar las
negociaciones en cuanto haya un nuevo Gobierno. Nuestro sindicato advierte de
que, de no ser así, se volverán a retomar las movilizaciones.
Como
ya advertimos el pasado julio y reiteramos con ocasión de la apertura del año
judicial, no vamos a pasar por alto -y el personal de Justicia no va a olvidar-
la pésima gestión del conflicto por parte del Ministerio que dirige Pilar Llop
y el clasismo, agravio y desprecio mostrados hacia el 93 por ciento de la
oficina, y a los miles de funcionarios de Justicia que secundaron las
movilizaciones.
En
este sentido, siendo conscientes de que un Gobierno en funciones tiene
determinadas limitaciones, advertimos al nuevo Gobierno y al nuevo ministro o
ministra de Justicia que no va a tener los 100 días de gracia para sentarse a
negociar.
Desde
el minuto uno en que acceda al puesto, debe tener como prioridad la solución
del conflicto en la Administración de Justicia, poniendo encima de la mesa una
propuesta económica seria, con cobertura de Hacienda, para los 45.000
funcionarios y funcionarias de Justicia de los Cuerpos Generales y especiales de
todos los ámbitos territoriales, transferidos o no transferidos. En caso
contrario, tal y como anunciamos en el mes de julio, se retomarán las
movilizaciones.
En
caso de que el nuevo Gobierno no se siente a negociar, recaerá sobre él la responsabilidad
del aumento del atasco en los juzgados y tribunales, que colapsará aún más su
funcionamiento y cuyas consecuencias pagarán nuevamente los ciudadanos.
Los
funcionarios/as de Justicia hemos demostrado desde el pasado abril, cuando
comenzó el conflicto, que somos capaces de paralizar la Justicia. Sólo un
acuerdo sobre una mejora de las reivindicaciones laborales, como planteó el
comité de huelga el pasado abril, puede abrir la puerta a la regularización de
la situación a través de planes de actuación.
El
nuevo Gobierno tiene la obligación legal y ética de negociar un incremento
salarial para todo el personal de Justicia en los términos aprobados hoy para
Jueces, Fiscales y Letrado.
