El CGPJ, el Ministerio de
Justicia y las Comunidades Autónomas acuerdan prorrogar el plan de
especialización en juzgados de cláusulas abusivas
El CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas
acuerdan prorrogar el plan de especialización en juzgados de cláusulas abusivas
- La
prórroga será de seis meses o de un año según la situación concreta de
cada órgano judicial. Más de un centenar de jueces prestan actualmente
apoyo en los 54 juzgados especializados de toda España
El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y
las Comunidades Autónomas han coincidido en la necesidad de prorrogar el plan
de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas ajustándolo a las
necesidades concretas de cada órgano judicial. Transcurridos dos años y medio
desde la puesta en marcha de esta medida, es posible determinar dónde será
necesario prorrogar el plan durante un año más y dónde durante seis meses.
Representantes de las mencionadas instituciones han mantenido hoy en la sede
del CGPJ un encuentro presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del
órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.
El plan de especialización de Juzgados en cláusulas abusivas se
puso en marcha el 1 de junio de 2017 con la finalidad de hacer frente a la gran
cantidad de demandas presentadas en relación, entre otros asuntos, con
cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de
formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
Desde este momento y hasta final de año, el CGPJ, el Ministerio de
Justicia y las Comunidades Autónomas intensificarán la frecuencia de sus
contactos con el fin de determinar las necesidades concretas de cada territorio
y las medidas que será necesario adoptar en cada caso.
Durante la reunión, se han puesto sobre la mesa los datos
estadísticos que reflejan el funcionamiento de los 54 juzgados de primera
instancia o de primera instancia e instrucción que, desde la entrada en
funcionamiento del plan de especialización, se dedican de forma exclusiva a
conocer de las demandas sobre cláusulas abusivas; y también los datos relativos
a las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales, encargadas
del enjuiciamiento.
Medidas en juzgados y audiencias provinciales
En la actualidad, además de los titulares de esos 54 órganos
judiciales, otros 106 jueces prestan servicio en los juzgados especializados de
acuerdo con las medidas de apoyo y refuerzo aprobadas por el Consejo General
del Poder Judicial. El despliegue de estas medidas ha sido necesario en todas
las Comunidades Autónomas menos La Rioja.
En cuanto a las secciones civiles-mercantiles de las audiencias provinciales,
a las que ya han llegado una gran cantidad de asuntos para su enjuiciamiento,
cuentan, junto con sus titulares, con el apoyo de más de medio centenar de
magistrados comisionados en funciones de refuerzo.
A los planes de refuerzo judicial se añaden las medidas puestas en
marcha por el Ministerio de Justicia y por las Comunidades Autónomas, que han
dotado a los juzgados especializados de los medios personales (letrados de la
administración de justicia y funcionarios) y materiales necesarios.
Descenso de la pendencia
De acuerdo con los datos correspondientes al segundo trimestre de
este año, a 30 de junio de 2019 el volumen de asuntos pendientes de resolución
en los Juzgados especializados era un 2,25 por ciento más bajo que al finalizar
el primer trimestre (31 de marzo). Se trata de la primera mejora de las cifras
de pendencia desde la puesta en marcha del plan de especialización.
También ha mejorado prácticamente en todos los territorios la tasa
de resolución de asuntos -cociente entre el número de asuntos resueltos y el de
asuntos ingresados en un determinado periodo-, un dato que permite conocer la
capacidad de resolución del órgano judicial en relación con el volumen de
entrada de nuevas demandas.
En el segundo trimestre del año, la tasa de resolución a nivel nacional
ha sido del 118,4 por ciento, lo que ha supuesto una sensible mejora respecto
al primer trimestre, en el que fue del 82 por ciento. Si se tienen en cuenta
los datos correspondientes a los dos años trascurridos desde la puesta en
marcha del plan hasta el 30 de junio de 2019, la tasa nacional es del 41,3 por
ciento, lo que significa que hasta esa fecha se resolvieron casi la mitad de
todas las demandas ingresadas.
Por territorios, la mejora es generalizada. En doce comunidades
autónomas la tasa de resolución es superior al cien por cien, siendo
especialmente positivos los datos de Aragón (234,6%) y Asturias (237,3%). Por
encima de la media nacional del trimestre se han situado también Canarias
(179,6%); La Rioja (160,3%); Castilla-La Mancha (150,4%); Galicia (142,4%);
Extremadura (135,6%); Comunidad Valenciana (133,8%); Castilla y León (133,3%);
Murcia (121,5%) y Cantabria (118,5%). Por debajo de la media nacional, si bien
casi todas en mejor situación que en el primer trimestre, Andalucía (112,4%);
Cataluña (97,9%); País Vasco (86,1%); Baleares (75,9%); Madrid (71,4%) y
Navarra (61,8%).