CARTA DE STAJ
AL MINISTRO DE JUSTICIA
EXCMO. SR. D. ALBERTO RUIZ GALLARDÓN
MINISTRO DE JUSTICIA
Excmo. Sr.
Ministro
Nos
dirigimos a V.E. para transmitirle nuevamente el descontento existente entre
los distintos colectivos de la Administración de Justica, como representantes
de una parte importante de los mismos.
Todo ello
aclarando de antemano que este sindicato vuelve a ofrecer, una vez más su plena
disposición al diálogo para buscar soluciones a los problemas existentes en la Administración
de Justicia, por todos conocidos. Pero igualmente hemos de manifestarle que estamos
convencidos de que nuestras reivindicaciones son justas e imposibles de
silenciar y por este motivo hemos convocado la Huelga del 14N y continuaremos con
las movilizaciones hasta encontrar soluciones a los conflictos existentes.
Tras la
publicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, el
actual Gobierno, con el Ministerio de Justicia a la cabeza, decide reformar la
LOPJ de forma unilateral e impuesta, sin haber mediado previamente el más
mínimo diálogo con los representantes de los funcionarios a quienes dicha
reforma afecta de manera directa, con recortes no sólo salariales sino también
de derechos esenciales cuya pérdida no podemos permitir. La posibilidad de la
imposición de la movilidad geográfica que dicha reforma incluye es un ataque
directo a los funcionarios, además de ser innecesaria y en absoluto útil para
solucionar los problemas de esta Administración, y supone, por lo demás, a
nuestro juicio, una vulneración de lo establecido en la propia Constitución
Española , pues remite a la legislación general de la función
pública algo que debería estar regulado expresamente en la LOPJ, por formar
parte del estatuto jurídico del personal al servicio de la Administración de
Justicia.
Se
pretende también una reforma en profundidad de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial, con la instauración de los Tribunales de instancia, pero no sólo no
se cuenta con nosotros para hacer nuestras aportaciones a esos proyectos de
reforma de la Justicia, sino que además se hace a nuestras espaldas y sin
respetar ni consultar en lo más mínimo la opinión de quienes trabajamos día a
día en esta Administración y hemos contribuido de manera constante a que no
caiga en el colapso más absoluto, a pesar de las notables deficiencias que
padece y que son reconocidas por todos.
Por otro
lado, vemos también con enorme preocupación el proyecto de Ley de tasas, que
hará que el acceso a la Justicia sea privilegio de unos pocos, ley que nos
afecta como ciudadanos, pero también y muy especialmente como trabajadores,
pues además de las tasas –de las que no estaremos exentos en los recursos- se
entorpece y encarece nuestra posibilidad de defender en vía jurisdiccional
nuestros derechos laborales al imponerse la obligatoriedad de asistencia de
abogado y procurador, discriminándosenos con respecto a los trabajadores
sometidos al derecho laboral, que no precisan de tales profesionales cuando, en
general, se trata de defender sus derechos laborales ante la jurisdicción.
Todas
estas decisiones las vemos desde el STAJ como la antesala de un cambio de
modelo en la
actual Administración de Justicia que no podemos compartir.
Desde este Sindicato llevamos reclamando desde siempre un cambio en la insostenible
situación del actual modelo, pero tristemente el cambio que se nos pretende
imponer lo vemos como un claro desmantelamiento de este Servicio Público, pues
lejos de incidir en lo que sería necesario para la modernización de la
justicia, vemos que lo que se hace es cercenar derechos de los trabajadores de
esta Administración sin que ello pueda suponer avance alguno en esa línea de
modernización. Ninguna reforma en la Administración de Justicia servirá para
sacarla del atasco generalizado si no se hace con la necesaria inversión en
medios materiales y personales, que es lo que venimos pidiendo insistentemente
desde hace años ante la precariedad de los existentes, sin perjuicio de una
reforma organizativa que también es necesaria pero que no debe suponer cercenar
derechos de ciudadanos y funcionarios sino todo lo contrario. Sinceramente, no
vemos en ninguna de las reformas legales una verdadera intención de mejorar
esos medios, más bien vemos, como hemos señalado antes, que las consecuencias
de esas reformas supondrán perjuicios a los ciudadanos y al personal al
servicio de la Administración de Justicia.
La defensa
del Servicio Público de la Justicia, con acceso a todos los ciudadanos es primordial
y prueba de ello son las reclamaciones que ha recibido de otros colectivos
vinculados a la
Justicia. Estamos seguros de que existen alternativas y se
pueden encontrar soluciones, pero siempre con el diálogo de los colectivos
afectados entre los que los funcionarios de justicia, a través de sus
representantes sindicales, somos pieza clave.
Insistimos:
STAJ lleva reclamando desde siempre un cambio a la insostenible situación del
actual modelo de Administración de Justicia, pero en la actualidad es difícil llevar
a buen puerto ese cambio sin la inversión necesaria. Por este motivo hay que
priorizar las necesidades y los proyectos imprescindibles relegando todo
aquello que a todos nos gustaría pero que en la actualidad es imposible de asumir por el coste necesario
que conlleva.
Solicitamos
buscar alternativas con los profesionales que trabajamos día a día al servicio
de la Administración de Justicia pues somos los mejores conocedores de la
realidad de los Juzgados y Tribunales. La peor manera de hacer las cosas es la
imposición unilateral de estas reformas y nuevas leyes.
Este
sindicato cree en la Administración de Justicia como un pilar fundamental del
Estado Social y Democrático de Derecho en el que vivimos y como tal debe
mejorarse en la medida de lo posible dado el difícil momento económico en que
nos encontramos, pero desde luego lo que no podemos permitir es que retroceda
en sus prestaciones a los ciudadanos y en derechos de quienes trabajamos a su
servicio.
Un ejemplo
de lo que no puede hacerse es la externalización de servicios o funciones de la
Administración de Justicia, algo que no estamos dispuestos a consentir. Es lo que ya está sucediendo de facto en la Audiencia Nacional
habiendo sentado a personas ajenas a justicia, dicho coloquialmente “personas
de la calle”, en los propios puestos de trabajo de los funcionarios de justicia
de la AN. Nos
permitimos recordarle la reserva de función recogida en la LOPJ, por lo que
encomendar funciones propias de los funcionarios de la Administración de Justicia
a personal que no lo es, resulta de todo punto ilegal.
La
especialidad y especificidad de este colectivo por el conocimiento de los
procesos judiciales en las distintas jurisdicciones, y del personal de los IML
e INTCF en su trabajo diario es algo que debe respetarse y debe ser digno de
protección, pues es un valor del que no puede prescindirse si queremos de
verdad que esta Administración sirva con eficacia a los intereses generales. El objetivo último de todo Gobierno debe
ser servir al ciudadano y eso lo hace a través de los Servicios Públicos.
Si lo que
VE persigue es poner en marcha una reforma que nadie antes ha sido capaz de
conseguir, ello supone un reto que será inalcanzable si no cuenta con el
colectivo más implicado en esta causa, el de los funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia. Si de verdad quiere una reforma que perdure en el
tiempo y que no sea fuente de constantes conflictos, cuente con nosotros y no
legisle de espalda a los trabajadores, imponiendo condiciones de trabajo que
hacen aún más duras la ya de por sí difícil situación económica en que nos
encontramos tras los sucesivos recortes salariales que venimos padeciendo desde
dos años y medio.
Por todo
ello nos dirigimos a V.E. para expresarle que es imposible mantenernos en
silencio ante la situación actual. Exigimos la búsqueda de soluciones y le
reiteramos, una vez más, nuestro ofrecimiento al dialogo para que la verdadera reforma
de la Justicia se fundamente en el consenso de todas las partes implicadas.
En Madrid
a 16 de noviembre de dos mil doce.
FDO
VICENTE NAVARRO PEREZ
SECRETARIO
GENERAL STAJ
