El Consejo del Poder Judicial propone reducir a la
mitad los partidos judiciales
“Todos querríamos un juzgado en la puerta
de casa, pero no es posible ni asumible”. Esa, sin paños calientes, es la
conclusión del Proyecto de bases para una nueva demarcación judicial que el
pleno del Consejo General del Poder Judicial someterá hoy a votación, y que plantea
un mapa judicial para España totalmente nuevo: reducción de los partidos
judiciales a la mitad, concentración de los juzgados y fin del modelo “un juez,
un juzgado”.
El informe, de 117 páginas, ha sido
elaborado por cuatro vocales del Consejo y es el penúltimo capítulo de una
historia larga: desde 2001, varios Gobiernos han anunciado la reestructuración
del mapa judicial para ahorrar costes y ganar racionalidad. El
actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón —que ha encargado su propia propuesta
a otro grupo de trabajo distinto—, también ha anunciado que lo hará.
Los vocales Manuel Almenar, Margarita
Robles, Inmaculada Montalbán yGabriela
Bravo firman la
propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras un trabajo de
cuatro meses a propia iniciativa del Consejo. En ese informe plantean reducir a
199 los 431 partidos judiciales —la unidad jurisdiccional que atiende a varios
municipios en cada provincia— que actualmente hay en España. Eso supone que
todas las provincias perderían partidos judiciales (ver gráfico), y que muchos
municipios se quedarían sin juzgado, porque estos serían previsiblemente
agrupados en el territorio.
En las últimas dos décadas el número de
jueces (hoy hay cerca de 5.000) y de juzgados (unos 3.500 unipersonales y 300
colegiados) no ha hecho más que crecer, aunque eso no ha evitado el colapso
judicial. La Ley de Planta de 1988 estableció que cada partido judicial debía
atender a una población de 50.000 habitantes y un territorio de unos 15 kilómetros de
radio. Así, surgieron nuevas unidades judiciales en cada provincia. Pero ya
desde el Pacto de la Justicia de 2001, dice el Consejo en su informe, se vio
que esa fórmula estaba “desfasada” y había degenerado en una “dispersión
excesiva”. Y desde entonces ha habido varias propuestas de “reestructurar la
demarcación” concentrando los partidos.
La última propuesta, la que el CGPJ
votará hoy, plantea: “Con carácter general, las circunscripciones resultantes
habrán de tener una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento
desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora a
través de las vías de comunicación existentes”. Es decir, el doble de población
por cada partido judicial, y bastante más lejos. Nada de “tener un juzgado en
la puerta de casa”.
Porque, según el Consejo, tampoco es
necesario que el ciudadano se desplace al juzgado salvo “en casos estrictamente
necesarios”, existiendo como existen hoy “las comunicaciones telemáticas y las
nuevas tecnologías”. Y porque ahora hay otro factor a atender: “La difícil
situación económica que atraviesa nuestro país, que obliga a optimizar
recursos”.
El informe sugiere que en cada partido se
concentren “un mínimo de ocho juzgados” —aunque si se mantienen los 3.500 actuales
tendrían que concentrarse bastante más—. Y subraya que esta nueva organización
“
no tiene por qué suponer la desaparición
de toda presencia judicial”; en algunos lugares se mantendrían servicios: “En
un partido podrán permanecer los órganos civiles y en otro los penales; o en
partidos en que el volumen de litigios no justifique el mantenimiento del
juzgado en bloque, podrá valorarse la existencia de una oficina de presentación
de escritos o de realización de diligencias”, señala el Consejo; pero también
prevé la “simple desaparición” de juzgados.
Fuentes del Ministerio de Justicia, que
trabaja en su propia propuesta pero en la misma línea de agrupar juzgados,
admiten que este proceso, “aunque no se hará de golpe sino que durará años”,
generará, como mínimo, “resistencias”: la de aquellos Ayuntamientos que pierdan
su juzgado y la de los trabajadores que deban ser trasladados al reducirse los
partidos judiciales. Pero insisten en que hay que “cambiar el modelo”. Para
ahorrar costes y porque este no responde a criterios racionales según la carga
de trabajo: “Hay juzgados saturados y otros en los que los jueces están mano
sobre mano”, sostienen.
Reproducimos a continuación la nota publicada ayer día 19 de
abril en la Web del CGPJ.
