El Ministerio de Justicia muestra su nulo interés en el servicio público y en su personal
Hasta las 13.54 de hoy no ha facilitado los servicios esenciales y los servicios mínimos en su ámbito de competencia para las huelgas de los días 4, 9,10,11,16,17,18.
Al parecer, tras el largo puente de mayo, esta mañana no han tenido tiempo de firmar la resolución antes de entrar a “negociar” con los Jueces y fiscales en la reunión prevista para las 11.00 horas.
Hasta el momento no existe designación alguna de
servicios mínimos (que debe ser nominal) por lo que mañana todo el personal de Justicia puede secundar la
huelga y, en consecuencia, no se puede garantizar la prestación de los
servicios esenciales.
Los servicios mínimos (efectivos que, como mínimo deben
estar trabajando para garantizar la prestación de los
servicios esenciales) son
claramente abusivos.
En algunos casos, el Ministerio de Justicia ha establecido más personal como servicios mínimos que el número de efectivos con los que cuentan los órganos afectados. En otros casos, la determinación de los servicios mínimos obliga a todo el personal a estar en la oficina sin que puedan ejercer su derecho fundamental a la huelga.
En el caso de los servicios esenciales que, por segunda
vez consecutiva ocupan más de tres folios y en los que, prácticamente todo, es servicio
esencial. Sin perjuicio de que vayan a ser recurridos podemos hacer las siguientes reflexiones.
Mientras que los servicios esenciales de los LAJ se
resumían en 7 apartados en lo que podríamos denominar
servicios esenciales “low cost”; los servicios mínimos para el resto de la
oficina judicial abarcan 26 apartados donde casi todo es ahora
esencial cuando hace apenas dos meses no lo era.
El Ministerio de Justicia debería
dar explicaciones a la ciudadanía de porqué permitió
esos servicios esenciales “low
cost” en la huelga de los Letrados cuando, en realidad, ahora estima que los servicios
esenciales deben extenderse hasta el infinito
y más allá.
El Ministerio de Justicia debería rendir cuentas sobre el
resultado de su investigación sobre la falta
de celebración de juicios durante la huelga de los Letrados cuando la
propia Abogacía del Estado declaró que su
presencia no era requisito para su
celebración.
No obstante, para este comité de huelga, esta clara
diferencia de trato que vulnera el derecho fundamental
de huelga del personal de Justicia que no son Letrados y que es constatable con
sólo leer ambos documentos, demuestra
que los 45.000 funcionarios/as de Justicia tienen motivos mas
que suficientes para exigir un incremento retributivo
puesto que, según el propio Ministerio, su presencia en los órganos
judiciales es más determinante y necesaria que la de los Letrados
que tan generosamente han
sido recompensados por la Secretaría de Estado de Función Pública dependiente del Ministerio de Hacienda.
Sólo falta
que actúen en consecuencia y ahorren al ciudadano los perjuicios que la
paralización de la Justicia va a
tener en sus procedimientos, intereses y derechos. Y, con más motivo, si como parece van a poner encima de la mesa
de jueces y fiscales una propuesta
económica.
