Comunicado del comité
de huelga
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El comité de huelga pide a Pedro Sánchez
y Yolanda Díaz que intervengan para solucionar el conflicto en Justicia
Negociar con el comité de huelga no es una opción sino una obligación legal que el Ministerio de Justicia está vulnerando sistemáticamente con este comité de huelga.
Así lo establece el art. 8. Dos del Real Decreto 17/1977 disponiendo que el Comité de Huelga y el empresario afectado “deberán negociar para llegar a un acuerdo” desde la fecha del preaviso y durante la huelga. El Ministerio de Justicia, por tanto, con su negativa a negociar está incumpliendo el ordenamiento jurídico vigente.
En nuestro escrito, les hemos puesto de manifiesto el trato vejatorio y claramente discriminatorio que los representantes del Ministerio de Justicia están dispensando hacia el 93% del personal de la Administración de Justicia mientras que no ha tenido reparo en sentarse a negociar y llegar a acuerdos de subida salarial con la minoría mejor pagada de la Administración de Justicia.
La falta de convocatoria al comité de huelga desde el pasado 24 de abril contrasta con el trato dispensado a Letrados de la Administración de Justicia y, sobre todo, en relación con los miembros de la misma carrera a la que pertenece la Ministra y sus homólogos, jueces y fiscales a los que recibió en persona y les consiguió 47 millones de euros, en cinco reuniones y sin un solo día de huelga.
Esta diferencia de trato rezuma a rancio corporativismo clasista más propio del siglo XIX que de una Administración moderna, y es impropio de un gobierno que se dice de izquierdas, socialista y progresista.
Pero, además, con su deplorable actitud, el Ministerio de Justicia está consintiendo de forma intencionada el gravísimo perjuicio que se está produciendo a la ciudadanía con el retraso y paralización de centenares de miles de actuaciones judiciales. Son ya cientos de miles los asuntos paralizados en los juzgados y tribunales por esta huelga y millones de ciudadanos y ciudadanas afectadas por el retraso y el colapso que se está produciendo mientras que las personas responsables del Ministerio de Justicia siguen negándose a abrir un proceso de negociación.
En este sentido, remarcamos en nuestro escrito que los Colegios de Abogados y Procuradores están también clamando por una solución a este conflicto ante la paralización, casi total, de la Administración de Justicia.
Con su incomprensible e inaceptable actitud, el Ministerio de Justicia ha lanzado el mensaje de que el servicio público de Justicia funciona solo por las élites, por el trabajo de LAJ, Jueces y Fiscales, ninguneando la profesionalidad del resto del personal, que conformamos el 80% del empleo público de esta administración, que realiza funciones por encima de las que tiene encomendadas legalmente y por las que son retribuidos quienes no las ejecutan.
La convocatoria de elecciones no merma la capacidad del Gobierno para seguir con su acción de gobierno y de ejecución presupuestaria o extrapresupuestaria y lo vamos a comprobar durante estos 54 días anteriores a las elecciones ni tampoco cesa la responsabilidad del mismo Gobierno para solucionar conflictos y llegar a acuerdos. De hecho, ya ha sucedido así en el pasado y no hubo problemas para negociar y llegar a acuerdos salariales en la Administración de Justicia. En definitiva, no estamos ante un Gobierno en funciones y la responsabilidad para con sus empleados/as públicos/as y para con la sociedad permanece por el buen funcionamiento de los servicios públicos permanece intacta.
Por todo ello
les hemos exigido a ambos su intervención como Presidente y Vicepresidenta del
Gobierno para que ordenen a su Ministerio de Justicia el inicio inmediato de
las negociaciones con este Comité de Huelga, demostrando así su capacidad de
atender con eficacia lo que se espera del Gobierno: que los servicios públicos
de su dependencia funcionen de forma eficaz y que los trabajadores y las
trabajadoras públicas que los atienden sean tratados con equidad, respeto y sin
clasismo ni discriminación.
