LOS SEIS SINDICATOS
MAYORITARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RECLAMAN AL MINISTRO CAMPO LA
PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL NO JUDICIAL NI FISCAL EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN
DE LA SITUACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19
Exigimos asimismo que se
inicie, de inmediato, la negociación colectiva de los planes de reactivación de
la actividad procesal anunciados y, también, de la implantación de los sistemas
de teletrabajo, materias ambas que afectan directamente a las condiciones de trabajo
del personal funcionario
Madrid, 5
de Abril de 2020
La nota
de prensa del Ministerio de Justicia emitida tras la reunión de la Comisión de
Coordinación del pasado viernes, pone de manifiesto que el ministro Campo sigue
sin aceptar que los trabajadores y trabajadoras de Justicia estemos
representados en los órganos donde se toman las decisiones que afectan a
nuestra salud laboral y condiciones de trabajo.
En la nota
de prensa el Ministro agradece el esfuerzo del personal de Justicia en el
mantenimiento de los servicios esenciales y ese reconocimiento es muy
importante.
No
obstante, el Ministro se olvida que su obligación, incluso en una situación
como la que padecemos ahora, es la de negociar con la representación sindical
cualquier plan de agilización que pretenda poner en marcha incluyendo la
implantación de sistemas de acceso remoto desde el domicilio para favorecer el
teletrabajo empezando por las iniciativas, o “buenas prácticas” como las
denomina en su nota de prensa, que se están poniendo en marcha, de forma
unilateral y sin tener competencias para ello, por la Secretaría de Gobierno de
la Audiencia Nacional y por los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia y Madrid,
Una
obligación legal de negociar, puesto que el derecho fundamental de negociación
colectiva no se ha suspendido por el estado de alarma, pero también un
instrumento necesario para conseguir la colaboración de todos tal y como, el
mismo, solicita.
Por todo
lo anterior, los sindicatos hemos remitido al Ministro de Justicia Juan Carlos
Campo el siguiente escrito:
“CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA, sindicatos
integrantes de la mesa de negociación del Ministerio de Justicia y
representantes de más del 80% de las 55.000 personas que constituyen el
personal funcionario no judicial ni fiscal de la Administración de Justicia, por medio del presente solicitamos la
convocatoria inmediata, al amparo del art. 34.6 y DA y
el apartado 1. b) de la D.A. 12ª del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, de la Mesa de negociación del Ministerio de
Justicia para abordar los siguientes temas:
1.- Integración de estas organizaciones
sindicales en la Comisión
de coordinación de la situación de crisis creada al amparo de la Orden
SND/261/2020, en la misma situación en que están integrados, además del Ministerio de Justicia
y las CCAA con competencias en medios personales y materiales; el Consejo
General de Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General
de la Abogacía.
2.-
Participación de estas organizaciones sindicales, desde el primer momento, en
el diseño, planificación e implantación en cualquier plan de actuación o de
agilización que se pretenda poner en marcha en la Administración de Justicia,
empezando en los planes que ya han sido objeto de anuncio en el BOE y abordados
en las dos últimas reuniones de la Comisión de seguimiento antes citada, para
las jurisdicciones social, contencioso-administrativa y juzgados de lo
mercantil, dado que dichos planes afectan a las condiciones de trabajo del
personal al que representamos.
3.- Negociación
de la implantación de cualquier plan de acceso remoto desde el domicilio o
sistema de teletrabajo en lo que concierne a los cuerpos funcionariales de
Letrados/as de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, cuerpos
generales de la Administración de Justicia y cuerpos especiales del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
En este
sentido, le recordamos que estos sistemas de trabajo no pueden ser implantados unilateralmente por la administración ni pueden ser
ordenados por los órganos de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia
ni otros organismos sin competencias en la determinación de las condiciones de
trabajo del personal funcionario.
4.-
Instamos igualmente a ese Ministerio a que dé traslado inmediato a las organizaciones
sindicales del texto de cualquier proyecto que haya sido elaborado ya en
relación con las anteriores cuestiones, para su estudio por los representantes
del personal.
Los seis
sindicatos entendemos que el derecho de participación, información y consulta a
los trabajadores que es la base de la negociación colectiva se fundamenta entre
otras razones, en el conocimiento que tenemos de primera mano sobre la realidad
de la Administración de Justicia.”
