Ante la reciente emisión
televisiva de un reportaje en el que se denuncian supuestas prácticas
irregulares de algunos pocos funcionarios en relación con el cumplimiento de la
jornada laboral, desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia
queremos manifestar lo siguiente:
1.- En primer lugar, que esas
prácticas, de existir, son mínimas y muy aisladas y por supuesto las
rechazamos. La inmensa mayoría de los funcionarios de Justicia de toda España
cumplen su jornada laboral con absoluto rigor y profesionalidad excediendo, en
muchísimos casos, el tiempo obligatorio de trabajo. Por tanto, centrar la
información en esos pocos casos aislados, por escandalosos que parezcan, es
tremendamente injusto y constituye una visión sesgada e interesada de la
realidad, con el único objeto de lograr impactar más a la audiencia.
2.- Los funcionarios
judiciales soportamos cargas de trabajo que exceden de lo razonable, estando
permanentemente sometidos en el cumplimiento de nuestra jornada laboral a las
necesidades del servicio, lo que lleva a que la finalización de las jornadas de
trabajo se prolonguen, en no pocas ocasiones, más horas de las que son de
obligado cumplimiento. Sólo hay que ver las noticias sobre celebración de
juicios durante días, en jornadas de mañana y tarde, o las actuaciones de los
Juzgados de guardia, a cualquier hora del día o de la noche. Actuaciones en las
que, aunque no se diga, intervienen los funcionarios de Justicia todos los
días.
3.- Que lo que es evidente es
que la Administración sigue funcionando, y con ella todos los servicios
públicos que la misma presta, incluso en periodos transitorios en los que no
hay gobierno -a las pruebas nos remitimos-, gracias al trabajo diario de miles
de funcionarios públicos que, a cambio de salarios muy escasos (es falso que la
media de los funcionarios sea de 2.500 euros), se dejan la piel y en muchos
casos la salud con medios insuficientes, sistemas informáticos obsoletos o
deficientes, sin incentivos, y soportando con enorme frecuencia las protestas
de los ciudadanos por la lentitud de los servicios que provoca escasez de
medios, y los insultos propiciados por informaciones que, como esta, siembran
injustamente la duda sobre la profesionalidad de todos los funcionarios
públicos.