Los funcionarios son los peor pagados de España y
tienen “comisarios políticos”, mientras otros colectivos judiciales cobran
pluses por usar el catalán
Movilidad, falta de cultura opositora,
escaso uso de la lengua catalana… La administración
de Justicia es la gran asignatura pendiente del soberanismo catalán.
Y la mayoría de las cuestiones a arreglar no son identitarias. Los funcionarios
catalanes son los peor pagados de España, perdieron una paga extra en 2013 y
2014 y complementos salariales que los trabajadores de otras comunidades sí
tienen, y son controlados por “comisarios políticos”.
La Consejería de Justicia, cuyo titular
es Carles Mundó (ERC), pretende imponer la filosofía de “hacer más con menos”,
según denuncian los propios trabajadores públicos, mientras paga pluses a otros
colectivos judiciales, como el de los abogados, por presentar escritos en catalán.
Datos comparativos de los
funcionarios de justicia por comunidades autónomas / CG
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha puesto
negro sobre blanco todos esos agravios en una carta enviada al citado
departamento de la Generalitat. Consultados al respecto por Crónica
Global, portavoces de la conselleria declinan valorar esas
quejas.
En su carta, STAJ asegura que el personal
de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de Cataluña es
“actualmente uno de los peor pagados de todo el Estado”, afirmación que puede
comprobarse en el gráfico adjunto. “Ello sin tener en cuenta la supresión de
las pagas extras de 2013 y 2014” que el Gobierno catalán llevó a cabo debido a
la asfixia financiera en que se encontraba.
ADIÓS A LOS COMPLEMENTOS SALARIALES
Asimismo, la implantación de la nueva
oficina judicial (NOJ) ha ido acompañada de la eliminación de complementos que
los funcionarios percibían desde 2008. Señala el sindicato que, por el
contrario, en la Comunidad Valenciana se ha llegado a un acuerdo para “incluir
y consolidar en el complemento específico de todos los puestos de trabajo que
se incorporan a la NOJ la cantidad que en concepto de productividad se percibe
hasta ahora”.
En este sentido, denuncian un agravio
comparativo entre los funcionarios y el resto de personal judicial, pues “a
jueces y letrados se les abonan diferentes programas de productividad por funciones
que a menudo realizan de facto los funcionarios de los cuerpos de Auxilio,
Tramitación y Gestión Procesal, o llegar a un número de resoluciones que
inevitablemente impliquen la colaboración e incremento de cargas de trabajo
sobre los cuerpos generales”.
REFORZAR LOS MECANISMOS DE SANCIÓN
Por el contrario, denuncian en su
escrito, la conselleria destina una partida presupuestaria a fomentar el uso
del catalán entre los abogados del turno de oficio del Consejo
de la Abogacía de Cataluña, mediante el pago de 14 euros por cada escrito
presentado en ese idioma.
Asimismo, los funcionarios están
sometidos a un nuevo Equipo de
Evaluación y Mejora Continua, del que ya informó este diario, una
especie de grupo de “comisarios políticos”, cuya finalidad "es reforzar
los mecanismos de sanción" del Área de Inspección del Departamento de
Justicia.
Los funcionarios consideran que la
creación de nuevos órganos judiciales que se necesitan en Cataluña “no puede
hacerse a costa del desmantelamiento del resto de los juzgados que ya trabajan
con cargas de trabajo por encima de los módulos encomendados por el Consejo
General del Poder Judicial.
La política de ‘hacer más con menos’ no
puede ser indefinida ni servir para condenar a los trabajadores públicos a
soportar sobre sus espaldas la prestación de un servicio público esencial de
calidad como es el de la Administración de Justicia”.
