STAJ tilda de chapuza las medidas para reclamar las
cláusulas suelo.
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STAJ ha reclamado al Gobierno y a los Grupos
Parlamentarios la elaboración de una disposición legal que obligue a los bancos
al cumplimiento de los criterios establecidos en las recientes sentencias
europea y Tribunal Supremo, para que la banca proceda a la devolución inmediata
de lo cobrado de más por las cláusulas suelo.
PRENSA (El Economista):
El Sindicato de Trabajadores de la
Administración de Justicia (STAJ) ha remitido este miércoles escritos al
Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios mayoritarios para pedir
una solución “urgente y efectiva” con el fin de evitar que se colapsen los
tribunales en la reclamación judicial por parte de los ciudadanos que presenten
sus reclamaciones en materia de cláusulas suelo.
Según informa el sindicato en una nota,
las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia en esta materia son una
“nueva chapuza y un ejemplo más de improvisación en el sistema judicial”
equiparable, según han dicho, a lo ocurrido con los Juzgados de Violencia, y
por ello han propuesto que se lleve a cabo una iniciativa legislativa que
fuerce a los bancos a devolver de manera automática cuantas cantidades hayan
sido pagadas por esas cláusulas, declaradas ilegales por la Justicia Europea.
“STAJ solicita, simplemente, el
cumplimiento de las sentencias judiciales y no la rejudicialización
innecesaria, que conllevará más perjuicio al ciudadano, más gasto al erario
público y una nueva losa para la Justicia”, han expuesto en la nota en la que
añaden que, de manera subsidiaria, apuestan por la creación “real e inmediata”
de un Juzgado en cada provincia, o cuantos sean necesarios, para atender estas
reclamaciones.
JUZGADOS SOBRECARGADOS
Los trabajadores de la Administración de
Justicia responden así al acuerdo alcanzado entre el ministro de Justicia,
Rafael Catalá, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
Carlos Lesmes, para poner en marcha un sistema que permitirá agilizar las
demandas. Consiste en dotar a uno o varios juzgados de 1ª instancia, a nivel
provincial, el conocimiento de los asuntos en materia de cláusulas suelo,
dotándolos con jueces de adscripción territorial o jueces en comisiones de
servicio.
A su juicio los juzgados están ya
sobrecargados con el trabajo actual y no podrán asumir la “ingente cantidad” de
demandas que se van a generar, lo que provocará un aumento del retraso en la
resolución de una situación que perjudicará directamente a los ciudadanos.
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