NOTA DE PRENSA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ
STAJ, SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
CONSIDERA UN ATROPELLO PARA LOS
FUNCIONARIOS DE JUSTICIA, ASÍ COMO PARA LA CIUDADANIA, LAS REFORMAS RECOGIDAS
EN EL ANTEPROYECTO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
MILES DE TRABAJADORES
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SE CONCENTRARON AYER EN TODA ESPAÑA EN
RESPUESTA A LA CONVOCATORIA DE STAJ, CCOO Y UGT
CONTRA LAS REFORMAS DE GALLARDON
El Gobierno ha
aprobado su Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), a espaldas
de los funcionarios de justicia y supone
una seria amenaza al empleo público. Afecta en su contenido de manera
directa y sustancial a los trabajadores de Justicia y a los ciudadanos, porque
supone la eliminación de las Audiencias
Provinciales y de multitud de partidos judiciales con la aparición de los
Tribunales Provinciales de Instancia. Esto significa el cierre de
muchísimos órganos judiciales, un atropello a los derechos de los
ciudadanos.
Cuando apenas
se ha comenzado a poner en marcha el nuevo modelo de Oficina Judicial, diseñado
en la reforma del 2003, el Gobierno aprueba una nueva LOPJ que afectará
plenamente a ese diseño.
Esto demuestra
una vez mas, el afán de protagonismo del que hacen gala últimamente todos los
políticos que tienen responsabilidad en materia de Justicia, ya sean del ámbito
nacional o autonómico, para parecer como los salvadores de la Justicia en
España. ¿Cuándo se darán cuenta de que lo que hace falta en realidad para solucionar los problemas y el atasco
generalizado son los medios personales y materiales hoy en día obsoletos e
incompatibles, y no modificar las leyes incluso antes de que entren en vigor?,
Otra medida
perturbadora es la atribución de
funciones procesales públicas a los Procuradores, que se encargarán de las
ejecuciones, embargos y notificaciones, tendrán la condición de agentes de la
Autoridad. Esto supone una intolerable privatización de servicios públicos,
que vulnera la independencia judicial y la garantía de la legalidad al
entregar a particulares la potestad de embargos y ejecuciones. Eso sin olvidar
que son parte en los procesos, siendo los empleados públicos, los únicos
garantes de la legalidad e imparcialidad.
Por lo tanto
exigimos la retirada del anteproyecto ya que vulnera principios fundamentales
como la independencia judicial, además de suponer una pérdida de empleo
público. Lo único que pretende el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con estas reformas es privatizar
la Administración de Justicia y hacerla inaccesible, lejana y de pago para el
ciudadano.