Prensa: Varias
noticias relacionadas con las Reformas de Gallardón
Interior quiere tener voz en la reformas
judiciales de Gallardón
Fernández Díaz apela a la
labor «imprescindible» de las Fuerzas de Seguridad en la investigación de los
delitos
El ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, reivindica el papel de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado para que tengan «voz» en el debate de la reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, que el ministro del Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha calificado de «revolucionaria».
En una jornada sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (LECrim), que pasará a llamarse Código Procesal Penal, y en la que han
participado ambos ministros, Gallardón ha pedido «que nadie tenga miedo» ante
la futura ley ni que «nadie piense» que la propuesta de encargar a los fiscales
la instrucción de los delitos significará «intervención política».
Gallardón garantiza que su reforma no
suprimirá ninguna sede judicial
Recalca que habrá una especialización y
flexibilización en cada lugar
El
Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha garantizado esta mañana en la sesión de control
del Congreso de los Diputados que su reforma judicial no cerrará ninguna sede
judicial en España. Sin embargo, insistió en que los tribunales de instancia
conllevarán una «flexibilidad» en cada sede y una especialización, «lo que no
significará el cierre de la sede sino una racionalización de los juzgados».
Gallardón
respondía así a una pregunta de la diputada del BNG, Olaia Fernández, sobre si
el Gobierno iba a crear un único partido judicial por provincia. La política
gallega le transmitió al ministro la preocupación en Galicia por esta reforma,
incluida la del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
La
medida tiene especial incidencia en el caso de la ciudad olívica, por lo que
todos los partidos de la corporación local apoyaron esta
semana la demanda para
que la ciudad mantenga el partido
judicial de Vigo. No son los únicos en quejarse, ya que tanto
funcionarios como jueces y personal de justicia realizaron una protesta la
semana pasada contra la propuesta de Gallardón.
La Defensora del Pueblo se niega a recurrir las
nuevas tasas judiciales ante el Tribunal Constitucional.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no recurrirá las
nuevas tasas judiciales al entender que su reforma cambió en lo
"sustancial" estos gravámenes y su modificación a través de un
decreto-ley venía justificada ante la "extraordinaria y urgente
necesidad" de aliviar las cargas tributarias de los ciudadanos.
Así ha respondido la institución en una resolución que ha sido
remitida a Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía y
miembro de la
Plataforma Justicia para Todos, integrada también por varias
organizaciones sindicales y de consumidores.
Los solicitantes consideran que subsisten motivos de
inconstitucionalidad en la reforma de la Ley de Tasas judiciales, que fue
modificada meses después de su aprobación mediante un decreto-ley sin concurrir
"razones de extraordinaria y urgente necesidad" y sin respetar la reserva
de ley en materia tributaria ni la prohibición de regular por decreto ley
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos.
Se reducen un 40% los pleitos contra las
administraciones por las tasas judiciales.
Los pleitos de los particulares contra
las administraciones se han reducido en tono al 40%, aunque en algunas comunidades
esta cifra supera el 60%, porque los ciudadanos no pueden hacer frente a las
tasas judiciales, según un estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española.
Su
presidente, Carlos Carnicer, ha explicado que los abogados han realizado un
informe, con los datos de los 83 colegios de abogados de toda España, en el que
detallan un centenar de casos de ciudadanos que no han interpuesto
procedimientos porque no disponen del dinero que se les reclama en concepto de
tasas.
Carnicer
ha alertado de que podrían "criminalizarse"
los procedimientos ya que
"muchos ciudadanos interpondrán querellas criminales porque en la
jurisdicción penal no existan tasas". "El informe incluye cien casos
concretos en los que se vulnera el derecho fundamental al acceso de la justicia
por la ley de tasas", ha dicho Carnicer, quien ha explicado que un pleito
puede costarle a un particular al menos tres mil o cuatro mil euros si tiene
que llegar hasta el Alto Tribunal.
