LA REFORMA DE LA
JUSTICIA SEGÚN GALLARDÓN
El Ministro Gallardón ha iniciado un proceso de reformas en la
Administración de Justicia que pretende romper totalmente con el diseño y la
organización de la Justicia en nuestro país. Objetivo loable, desde luego, si
persiguiera realmente la tan ansiada modernización de la Administración de
Justicia. Pero lo cierto es que las reformas ya iniciadas encierran graves
riesgos para el servicio público y para los funcionarios al servicio de la
Administración de Justicia, pues tales reformas están teniendo como primer
efecto la limitación del acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos con
menos medios, así como una privatización de servicios para dejarlos en manos
privadas con el consiguiente riesgo para la concepción de la Justicia como
servicio público y para la propia subsistencia de muchos puestos de trabajo.
·
Ley de tasas
| Ha sido la primera gran reforma, ya en
vigor, que ha encarecido la Justicia impidiendo o limitando el derecho a la
tutela judicial efectiva a los más necesitados. Se ha conseguido reducir la
litigiosidad, eso es cierto, pero a costa de vulnerar descaradamente un
derecho fundamental. |
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Registro Civil
El segundo gran
proyecto que prepara Gallardón persigue entregar la gestión del Registro
Civil a los Registradores de la Propiedad, que al cobrar por arancel y no
tener a su cargo a funcionarios públicos, sino empleados privados, tendrá el
efecto de encarecer un servicio que ahora es gratuito, y perderá las
garantías de legalidad que ahora tiene por estar enteramente gestionado por
funcionarios públicos. El proyecto actualmente está parado, pero si se retoma
y llega a ver la luz, podría
afectar a más de 3.000 puestos de trabajo en toda España. El Ministerio
afirma que esos puestos de trabajo no se pierden, pero no dice cómo lo
garantizará; lo que es seguro es que habrá reordenaciones
de efectivos con gran riesgo de movilidad geográficapara los funcionarios
directamente afectados.
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·
Procuradores
Otro proyecto,
que ya ha sido aprobado por el Gobierno y está ya tramitándose para su
posterior remisión al Parlamento, es la atribución
de funciones procesales a los Procuradores. No es algo nuevo, pues los
procuradores ya tenían atribuida la facultad de realizar actos de
comunicación. Lo que ocurre es que ahora, además, se les atribuyen los actos
de ejecución. Ello supone, evidentemente, una privatización de funciones que
actualmente desempeñamos con plenas garantías los funcionarios públicos al servicio de la Administración de
Justicia, y encierra el riesgo, al igual que la privatización del Registro
civil, de pérdida de empleo
público en la Administración de Justicia.
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·
Reforma del proceso penal
Es otra de las
grandes reformas proyectadas por el Ministerio y consiste fundamental-mente
en la atribución de la instrucción penal al Ministerio Fiscal. La
consecuencia inmediata para los puestos de trabajo de los funcionarios es que muchos de los que ahora
prestan servicio en Juzgados de Instrucción (o de 1ª Instancia e
Instrucción), serán reordenados a las Fiscalías; no obstante, y dado que muchas
actuaciones de la investigación penal requieren la intervención judicial, por
injerir directamente en derechos fundamentales (p.e., prisión provisional,
intervención de las comunicaciones, etc.), los actuales juzgados de
Instrucción (o la sección correspondiente de las Salas penales de los futuros
Tribunales de instancia) seguirán realizando las actuaciones
correspondientes, actuando como “tribunal de garantías”. El servicio de
guardia seguirá prestándose, pues muchas actuaciones de la fase de
investigación penal requieren que se realicen durante este ser-vicio, como
ahora, con independencia de si son competencia del Fiscal o del “tribunal de
garantías”. Eso sí,dado que también existe el proyecto de eliminar las
faltas como tales, las guardias de faltas, lógicamente, desaparecerán.
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·
Reforma de la LOPJ y de la demarcación
judicial
Este proyecto
está aún en fase muy inicial, pero ya ha comenzado su andadura. El texto del
proyecto de reforma de la LOPJ elimina
los juzgados unipersonales (todos, incluidos los Juzgados de Paz) y las
Audiencias Provinciales, y modifica la organización judicial basada en los
partidos judiciales, que desaparecen.
Si se aprueba
el proyecto, los órganos judiciales serán: TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA
NACIONAL, TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA y TRIBUNALES DE INSTANCIA.
El Tribunal Supremo apenas sufre cambios, pero
La “gran
estrella” de la reforma serán los TRIBUNALES
DE INSTANCIA, que asumirán las actuales competencias de los Juzgados
unipersonales, que desaparecen (incluidos los Juzgados de Paz). Su demarcación es PROVINCIAL(salvo
en Madrid y Barcelona, que podrá ser menor), por lo que ya no habrá partido judicial. Su
sede se determinará por Ley, pero lo normal será que coincida con las
capitales de provincia.
Los Tribunales
de Instancia tendrán cuatro
salas, una por cada
orden jurisdiccional, y dentro de cada sala y para el conocimiento
ordinario de los asuntos de su competencia, puede subdividirse en secciones
judiciales (con 3 ó 5 jueces) y en unidades judiciales (un solo juez). Esas
unidades o secciones pueden ser especializadas (mercantil, familia, meno-res,
de garantías, de enjuiciamiento penal, de Violencia de la Mujer, delitos
económicos, de materia tributaria).
· UPADs: apoyan directamente a
los jueces, y pueden apoyar a cada unidad judicial osección, o a varias
unidades o secciones dentro del mismo Tribunal (aunque lo normal será la
primera opción).
· Servicios comunes procesales:
su función es la realización de labores centralizadas en la tramitación de los procesos
judiciales, y pueden servir a todo el tribunal en su conjunto, o a alguna de
sus Salas, o de concretas unidades o secciones judiciales. Su extensión
territorial se corresponde con la del tribunal al que sirve, pero también
puede tener un ámbito territorial inferior si así se decide para la mejor
prestación del servicio.
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El Ministerio de Justicia no está siendo transparente con
los trabajadores. Los proyectos de modificación de la
LOPJ y de la demarcación y organización judicial, así como el proyecto de
reforma del proceso penal, son lo suficientemente amplios como para afectar de
manera directa y negativa a las condiciones de trabajo de los funcionarios al
servicio de la Administración de Justicia; el nuevo modelo organizativo basado
en los tribunales de instancia, con la consiguiente desaparición de los
Juzgados unipersonales y los partidos judiciales afectará necesariamente a la
distribución de los puestos de trabajo de las oficinas judiciales, pero el Ministerio no desvela hasta
qué punto, con lo que el
riesgo de reordenación de efectivos con movilidad geográfica es un hecho,
por más que el Ministerio diga en los medios que no se va a producir.
Debemos exigir al Ministerio que sea transparente. Debemos exigir al Ministerio que
garantice, por escrito y en el BOE,
que no se van a producir ni amortizaciones de plazas, ni reordenaciones de
efectivos descontroladas y con movilidad geográfica, que no vamos a perder
retribuciones por ningún concepto, que no se van a perder puestos de trabajo.
La actitud del Ministerio sigue siendo la misma desde que
comenzó la legislatura hace año y medio. Es nuestro deber decir basta a sus
políticas privatizadoras y de atentados a las condiciones de trabajo de los
funcionarios.
Porque peligra el servicio público, porque siguen
peligrando nuestras retribuciones, porque peligran nuestros puestos de trabajo.
EL DÍA 22 DE MAYO,
PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LAS MOVILIZACIONES CONVOCADAS EN TODA ESPAÑA
