Continúan las movilizaciones contra las
peligrosas reformas proyectadas por el Ministerio de Justicia.
El Ministro de Justicia sigue empeñado en privatizar la
Administración de Justicia.
A la privatización de los Registros Civiles (proyecto que ahora
está parado, pero que no se ha descartado ni mucho menos), se une la atribución
de funciones procesales a los Procuradores, que podrán realizar funciones que
hasta ahora venimos desempeñando con plenas garantías de imparcialidad y de
legalidad los funcionarios públicos al servicio de la Administración de
Justicia. El Ministro de Justicia miente cuando afirma que con ello se
agilizará la Administración de Justicia, ocultando con ello la falta de
inversión real en medios personales y materiales al servicio de la Justicia en
nuestro país. La nueva medida aprobada por el Gobierno y que ha iniciado ya los
trámites para su futura aprobación por el Parlamento busca sólo beneficiar a un
colectivo, el de procuradores, que está siendo fuertemente cuestionado en la propia Unión Europea ,
y supone la privatización descarada de funciones públicas, con el consiguiente
encarecimiento de la Justicia y el peligro para muchos puestos de trabajo que
ocupamos los funcionarios.
No es el único proyecto que puede perjudicarnos a corto o medio
plazo. Todos los proyectos de reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y de demarcación Judicial, e incluso la reforma del proceso
penal, que atribuye la instrucción al Ministerio Fiscal, pueden afectar de
manera negativa a las condiciones de trabajo de los Funcionarios al servicio de
la Administración de Justicia. Y todo ello lo hace el Ministerio con total
falta de transparencia, lanzando mensajes equívocos, intentando tranquilizar
pero sin explicar con claridad hasta dónde piensa llegar con todos sus
proyectos.
Ello merece la respuesta contundente de todos los funcionarios,
de carrera e interinos que prestamos servicio en la Administración de Justicia.
Porque peligra el servicio público, porque siguen peligrando nuestras
retribuciones, porque peligran nuestros puestos de trabajo.
EL DÍA 22 DE MAYO, ACUDE A LAS CONCENTRACIONES Y MANIFESTACIONES
CONVOCADAS EN TODAS LAS CAPITALES DE PROVINCIA.
