PLATAFORMA SINDICAL Y DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE
EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS.
Fecha: 4 de Septiembre de 2012.
Organizaciones sindicales y Asociaciones
Profesionales asistentes:
-
AEGC-
ANPE-
APFGACE-
AUGC-
CCOO-
CEP-
CESM-
C.INTERSINDICAL-
CSIF-
FESSES-
GESTHA-
SATSE-
SINDICATO LIBRE DE CORREOS-
SIPE-
SPP-
STAJ-
SUP-
UFP-
UGT-
UNIONGC-
USAE-
USO
MANIFIESTO
EN DEFENSA DE LOS EMPLEADOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Como
señaladas víctimas de decisiones erráticas, los empleados públicos estamos
convencidos de que la crisis económica en la que España está sumida
desde hace ya varios años está siendo gestionada de manera deficiente por los
sucesivos responsables políticos.
La indudable necesidad de controlar el gasto
público se está traduciendo en una política de recortes en el número de
efectivos y en la precarización de las condiciones laborales, retributivas y
sociales de los empleados públicos, y viene acompañada
de una campaña de descrédito de la labor que realizan en todos los ámbitos de
la administración.
Ante ello, las organizaciones
firmantes de este manifiesto, representantes de la totalidad de los colectivos
de la función pública, señalamos lo siguiente:
1. Los empleados
públicos son los encargados de desempeñar, en nombre del Estado, los servicios
que éste presta a los ciudadanos. De igual manera son quienes hacen realidad
las decisiones políticas y legislativas. Cuestionar el papel de los empleados
públicos desacredita a servicios públicos esenciales para la sociedad como los
que se realizan en la educación, la sanidad, la seguridad, la atención social y
la justicia, entre otros.
2.
Esta aplicación práctica de las decisiones políticas
ante la ciudadanía precisa de un personal cualificado. Los empleados públicos
españoles acceden a sus puestos de trabajo después de demostrar ampliamente su
cualificación y por medio de un proceso de selección establecido de acuerdo con
los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige la Constitución Española.
3.
Los empleados públicos prestan a la sociedad un
servicio insustituible como garantes de la igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos, al llevar los servicios esenciales a los lugares más recónditos
del país, a donde no acudiría nunca una empresa privada por una sencilla
cuestión de rentabilidad económica.
4.
La estabilidad en el puesto de
trabajo, ahora cuestionada por la reforma laboral, garantiza la independencia
del empleado público ante la ejecución de las
diversas políticas y asegura la calidad y permanencia de las prestaciones que
se ofrecen a los ciudadanos.
Estamos
convencidos de que hay soluciones y vías alternativas para reducir el déficit
público que excluyan la política de recortes en la función pública: soluciones
que pasan por hacer efectivos los principios de igualdad, capacidad económica y
progresividad que han de inspirar nuestro sistema tributario (art. 31 de la
Constitución), así como por la mejora sustancial del control del gasto público,
que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los recursos públicos, sin
recortar los gastos sociales ni afectar negativamente a los empleados públicos.
Desde ese
convencimiento, y entendiendo la necesidad y urgencia de realizar ajustes
económicos y la contribución solidaria de todos para sacar a nuestro país de la
profunda crisis económica en que se encuentra, y observando que no se extienden
al recorte de otros gastos menos justificados, ni se centran en la posibilidad
de incrementar los ingresos a través de nuestro sistema fiscal apelando a la
solidaridad de las capas más favorecidas de nuestra sociedad, proponemos:
·
La
adopción decidida y urgente de las medidas necesarias para afrontar una
verdadera lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, incluyendo una
reforma en profundidad de la AEAT que optimice sus recursos y potencie una
investigación centrada en los grupos y sectores con mayores bolsas de fraude.
Así podremos reducir la economía sumergida a los niveles de los países europeos
de nuestro entorno, lo que nos aportaría una recaudación anual adicional de
38.500 millones de euros.
·
La
modificación de la actual desproporción entre los tipos efectivos a los que
tributan las grandes sociedades y los que gravan a las microempresas y pymes,
mediante el aumento de cinco puntos en el nominal a los beneficios superiores
al millón de euros, acercando así también el esfuerzo fiscal de las empresas al
de las familias españolas, lo que supondría 13.900 millones adicionales.
·
La
implantación, en los términos aprobados en el Parlamento Europeo, de un
impuesto a las transacciones financieras, que, según la Comisión Europea ,
supondría una recaudación en torno a los cinco mil millones de euros en España.
·
La creación ,en el año 2013, de un impuesto
sobre la riqueza que supere los defectos y cierre las vías de elusión del
actual impuesto sobre el patrimonio, temporalmente recuperado sólo para 2011 y
2012, que podría aportar 3.300 millones anuales.
·
La
exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas del concepto de rentas
del ahorro en el IRPF, así como la modificación de la Ley de Instituciones de
Inversión Colectiva, para establecer un porcentaje máximo de participación en
las SICAV que no supere el 5% de su capital máximo estatutario. Medidas que
incrementarían la recaudación en 1.500 millones anuales.
Por
último, instamos a los gobernantes y a todas aquellas personas con relevancia
mediática a hacer recaer sus críticas sobre las verdaderas causas que han
llevado a nuestro país a la situación de déficit, paro y deuda pública en que
se encuentra. En situaciones de grave crisis, como la que vivimos, no caben las
declaraciones irreflexivas sobre los servicios que presta el Estado a través de
sus empleados públicos ni sobre el
rendimiento profesional de éstos, sobre todo cuando su único objetivo es crear
polémica y no aportar soluciones.
Por todo
ello, las organizaciones sindicales y profesionales firmantes de este
manifiesto, conscientes de que no se puede devaluar la importancia de la
función pública ni del servicio que presta al conjunto de los ciudadanos, exigimos
a todos los responsables políticos una implicación activa en la defensa de los empleados
y servicios públicos.
