El Gobierno quiere reducir vacaciones a los funcionarios
La Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas ha enviado a diferentes organismos de la
Administración del Estado un borrador de resolución en el que se amplía el
horario de obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días
de vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.
En concreto, en el borrador,
al que ha tenido acceso Europa Press, se establece que el horario fijo de
presencia en el puesto de trabajo será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la
resolución actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo
en jornada de mañana es de 9.00
a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse esta nueva
resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado cumplimiento a
los empleados públicos.
En el borrador, la jornada
semanal se mantiene en un mínimo de 37,5 horas. Ahora, para llegar a esa cifra,
los empleados públicos pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30
horas y las 9.00 horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00
horas de lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.
En el texto elaborado por
Administraciones Públicas no se establecen franjas horarias para completar la
jornada, sino que se señala que serán los calendarios laborales los que
establecerán los límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5
horas semanales.
En la actual resolución
sobre jornada y horarios se señala que se podrá implantar la jornada intensiva
de verano (normalmente se desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido
entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos
horarios no se contempla la jornada intensiva.
De hecho, en una carta a la
que ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas
(1.647 horas en cómputo anual) y que, si el calendario laboral del centro en
cuestión hubiese previsto una jornada de verano, "ésta no podrá suponer un
menoscabo" de la jornada anual, "debiendo recuperarse la reducción
operada en el periodo estival para completar dicho cómputo".
En el texto se eliminan
además los días de vacaciones que se concedían en función de la antigüedad del
trabajador. Los empleados públicos tienen actualmente 22 días hábiles de
vacaciones, pero van sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20,
25 y 30 años de antigüedad, respectivamente.
NO ACUMULAR PERMISOS A LAS VACACIONES
De aprobarse esta nueva
resolución, los empleados públicos de la AGE estarán obligados a cogerse al
menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre,
sin que puedan acumularse los días de vacaciones a los de permiso por asuntos
particulares. Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un
periodo concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los
empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.
La resolución va acompañada
de dos anexos: un código de buenas prácticas de los directivos públicos para
fomentar la productividad de la AGE y de sus organismos públicos, y un código
de conducta para los empleados públicos de estas áreas.
En el código de buenas
prácticas para los directivos públicos se emplaza a los subsecretarios de los
departamentos ministeriales y demás titulares de órganos competentes de la
gestión de recursos humanos a adoptar medidas disciplinarias en los supuestos
legalmente tipificados de absentismo injustificado; a exigir la justificación
oportuna "de todas las ausencias", incluidas las de duración inferior
a cuatro días en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos
para controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la
Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de los
horarios y de los niveles de absentismo.
LOS SINDICATOS, MOLESTOS
El borrador no ha gustado
nada a los sindicatos. En un comunicado, la Federación de Servicios a la
Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que el Gobierno pretenda aplicar
"unilateralmente" a los empleados públicos una nueva resolución de
jornadas y horarios incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP).
En dicha ley, recuerda
CC.OO., se establece que el calendario laboral debe ser objeto de negociación
con los sindicatos de la Función Pública. Para el secretario general de la
FSC-CC.OO., Enrique Fossoul, el procedimiento que está siguiendo el Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas en esta cuestión es
"inadmisible" y "ahonda en el deterioro que el Gobierno está
aplicando al derecho de negociación colectiva de los empleados públicos".
Fossoul considera que esta
medida podría tener un efecto muy amplio no sólo para la Administración del
Estado, a la que afecta directamente este borrador de resolución, sino para el
resto de las administraciones públicas, "que seguirán probablemente el
camino diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los
empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante".
Desde CSI-F, su presidente
de la
Administración Central , Francisco Camarillo, también ha
expresado, en declaraciones a Europa Press, su malestar por el hecho de que el
Ministerio no haya abierto una negociación con los sindicatos sobre jornada y
horarios, tal y como determina el EBEP.
Camarillo ha calificado este
procedimiento de "inadmisible" y teme que el Gobierno vaya a aprobar
esta resolución de manera unilateral, como ha sucedido con las últimas medidas
que han afectado a los empleados públicos.
Además, el responsable de
CSI-F ha dejado claro que estas medidas no contribuyen a reducir el déficit,
sino a recortar derechos adquiridos a los empleados públicos, a los que ya se
les ha castigado reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo peor",
ha dicho Camarillo, que ha subrayado además que el absentismo no es un problema
en la AGE.
