Tras la propuesta inicial de la
Asamblea de la Ciudad de la Justicia del 24 de mayo, los funcionarios de
Justicia aprobaron mediante consulta la celebración de un referéndum donde los
funcionarios de Justicia se pronunciasen democráticamente sobre la devolución por parte de la
Generalitat, de las competencias al
Ministerio de Justicia.
Los
sindicatos STAJ. CSIF, CCOO y UGT, mayoritarios en la Administración de Justicia en
Cataluña, ponemos en conocimiento de los medios de comunicación y de la opinión
pública en general, la celebración de un Referéndum en el cual los funcionarios
de la Administración de Justicia se pronunciarán sobre la devolución o no de
las transferencias en materia de Administración de Justicia, al Ministerio de
Justicia; dicho referéndum tendrá lugar los próximos días 22 de junio de 2012
en los órganos judiciales de las ciudades de Barcelona, Tarragona, Lleida y
Girona, y en el resto de poblaciones se celebrará el próximo día 25 de junio de
2012, por los motivos que a continuación se detallan:
Según el artículo 149.1.5 de la Constitución Española
establece que: “El estado tiene
competencia exclusiva en materia de Administración de Justicia, pero en el año
1996 mediante los Reales Decretos 409/1996 y 441/1996 de 1 de marzo la
Generalitat de Cataluña asumió las funciones y servicios en materia de medios
personales, materiales y económicos al servicio de la Administración de
Justicia.”
Durante estos años el Departamento de Justicia se ha
encargado de la gestión del personal destinado en Cataluña y hasta ahora el
funcionamiento diario de esta gestión ha resultado NEFASTA, tanto en las
numerosas amortizaciones del personal con el consiguiente deterioro de las
condiciones de trabajo, como el servicio prestado al ciudadano; por otro lado
la gestión de los nombramientos de personal interino se ha visto reducida a la
mínima expresión, comportando que numerosos Juzgados funcionen de manera
sistemática con menos personal y más trabajo, dada la coyuntura económica que
estamos viviendo.
Otro motivo sustancial de la celebración de dicho
referéndum, es que el Departamento de Justicia sigue adelante en la creación
de la Nueva Oficina Judicial
en Cataluña con las relaciones de puestos de trabajo que llevan aparejada el
complemento específico, y paradójicamente este complemento se nos recorta de
manera unilateral por dicho Departamento (véase Acuerdo de Gobierno 45/2012 de
29 de mayo por el que se adoptan medidas excepcionales de reducción de los
gatos de personal para el ejercicio 2012 en el ámbito de la Administración de
Justicia); por no decir los 600 millones
de euros que pretenden gastarse en este despliegue, cuando nos están anunciando
constantemente en todos los medios de comunicación que TODOS debemos contribuir
a reducir el déficit y a ser austeros dada la coyuntura social y económica que
estamos viviendo.
Dicho Acuerdo de Gobierno 45/2012
incluye el recorte de un 5% de nuestras retribuciones íntegras anuales,
basándose en el artículo 34 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de
Cataluña, en el que NO estamos incluidos los funcionarios de la Administración
de Justicia. Tras 16 años de gestión de las competencias por parte del
Govern los funcionarios de la Administración de Justicia en Catalunya son los
peor pagados de todo el Estado.
Es por lo que el colectivo de
trabajadores y trabajadoras al servicio de la Administración de Justicia propuso
y aprobó en asamblea la celebración de un referéndum a fin de solicitar -o no- que por
parte de la Generalitat de Cataluña se devuelvan de forma inmediata al
Ministerio de Justicia las competencias asumidas en materia de medios
personales, materiales y económicos al servicio de la Administración de
Justicia por la notoria incompetencia para gestionar de forma correcta,
adecuada, y legal las funciones y competencias asumidas. Para ello, todos los
funcionarios de la Administración de Justicia están convocados para el día 22
de Junio de 2012 en los órganos judiciales de las ciudades de Barcelona,
Tarragona, Lleida y Girona, y el día 25 de Junio de 2012 para el resto de
poblaciones en Cataluña, al objeto de poder
pronunciarse mediante votación en referéndum a favor o en contra de que dichas
competencias asumidas por la Generalitat de Cataluña, sean o no devueltas al
Ministerio de Justicia.