REVISIÓN DEL SISTEMA DE
TASAS JUDICIALES EN SEGUNDA INSTANCIA
Alberto Ruiz-Gallardón subirá las tasas judiciales entre 50 y 750 euros a partir de la
segunda instancia, salvo en lo penal, como medida de contención drástica
con la artificiosa litigiosidad que colapsa los juzgados. El Consejo de
Ministros aprobó ayer el informe del anteproyecto de ley preparado por el
ministro de Justicia para intentar
solucionar el colapso de la justicia española y
agilizar su funcionamiento. Por primera vez, el copago llegará también a los
juzgados de lo social.
El objetivo
principal de la reforma es que queden fuera de los juzgados conflictos que se
pueden solucionar por otras vías como la mediación o aquellos actuaciones que
solo pretenden alargar en el tiempo los recursos y que, a la postre, agobian el
día a día de los juzgados. Según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el
anteproyecto, que ahora será remitido al Consejo de Estado y al Consejo General
del Poder Judicial, pone el acento en la segunda instancia para “evitar el
exceso o abuso” de los recursos. Se trata pues, dijo, de que quien ya tiene la
sentencia de un órgano judicial “contribuya
con los costes” que genera
recurrirla en una segunda instancia.
Las tasas se
aplicarán tanto para las personas físicas como las jurídicas, pero solo a aquellas
con recursos suficientes como para poder pagarlas. De hecho, las tasas no irán
a parar a las arcas del Estado sino que se destinarán, íntegramente, a sufragar
la justicia gratuita para esos casos. La
reforma no supone ninguna merma al derecho a la tutela judicial efectiva,
ya que ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) según
la cual la tasa responde al principio del pago del coste del servicio que
presta la Administración de Justicia, y en ningún caso superará dicho coste.
Tasas en lo
social
Las tasas ya
existentes desde primera instancia en el Orden Civil y en el Contencioso
Administrativo se aplicarán también en lo Social, pero solo en segunda
instancia. Es ahí donde se produce la mayor subida, pues recursos que hasta
ahora eran gratuitos, como el de súplica o el de casación, pasarán a costar 500
y 750 euros, respectivamente. Seguirán sin tener coste alguno, en este ámbito,
los recursos ordinarios y demás modalidades procesales y los de monitorio.
En el orden
civil subirán las tasas para los procesos verbal y cambiario, que pasan de 90 a 150 euros; las
correspondientes para procesos ordinarios se incrementan de 150 a 300, y en el proceso
monitorio suben también de 50 a
100 euros. Las tasas para ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios se
elevan de 150 a
200 euros, en los recursos de apelación habrá que pagar 500 euros más -de 300 a 800- y en los de
casación e infracción procesal suben un 100% pasando de 600 a 1.200.
En la
jurisdicción contencioso-administrativa, por último, suben las tasas en los
procesos abreviado (de 120 a
200 euros) y ordinario (de 210
a 350), así como en los recursos de apelación, que pasan
de 300 a
800 euros, y de casación, de 600
a 1.200. El Gobierno ha introducido, además, una nueva
tasa por el alta y modificación de fichas toxicológicas en el registro de
productos químicos comercializados.
Según la
estimación del propio ministerio de Justicia, si se mantuvieran los datos de
2010, cuando se recaudaron 172
millones de euros a través de
esta vía, esa cifra podría alcanzar los 300
millones con las nuevas tasas.
En
cuanto a la gestión, el anteproyecto también contempla, entre sus novedades,
que los procuradores y
abogados podrán facilitar el pago, y se establecerá la posibilidad de revisar
la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.
