Prensa: Los ciudadanos
pagarán la nueva gestión del Registro Civil
Por si alguien lo
dudaba, en este artículo publicado hoy en El País se desvela cómo será la
financiación de la privatización del Registro Civil, y que STAJ viene denunciando desde hace mucho
tiempo. STAJ exige al Ministerio de Justicia
que deje ya de mentir a los ciudadanos y explique públicamente sus planes para
“regalar” a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles un servicio público
que ha venido siendo gratuito desde hace siglo y medio, financiado únicamente
con los impuestos de los ciudadanos y sin tasas ficticias y artificiosas
creadas ad hoc para pagar por trámites inventados e inútiles.
El Gobierno está negociando con los
registradores mercantiles nuevos aranceles y nuevas gestiones por las que los
ciudadanos deben pagar para compensarles por asumir la gestión del registro
civil, según un documento interno del Ministerio de Justicia. El Gobierno busca
la forma de retribuirles de forma encubierta a través de enmiendas al proyecto
de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración
de Justicia y del Registro Civil que se tramita en este momento en el Congreso.
El anterior Gobierno promovió en 2011
un cambio legal que se aprobó en el Congreso por unanimidad para
desjudicializar el registro civil. Dejó en el aire qué funcionarios asumirían
la gestión hasta que el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
decidió que serían los registradores mercantiles los que asumieran esa función
a pesar de que no tienen nada que ver con ese cometido, con el compromiso de no
provocar encarecimiento o coste para los ciudadanos por el uso de este servicio
que ahora es gratuito.
Sin embargo, los registradores
mercantiles exigieron compensaciones que el actual titular de Justicia, Rafael
Catalá, busca cómo satisfacer. Son funcionarios, pero sin salario público, con
ingresos que dependen de sus gestiones y, además, deben utilizar a más personal
para hacerse cargo de la gestión del registro civil. Por eso, las enmiendas que
estudia Justicia y que presentará el PP en los próximos días han sido
negociadas con el Colegio de Registradores, y en los borradores se establecen
nuevos cometidos que sí costarán dinero a los ciudadanos. Por ejemplo, se
establece que los poderes y los registros de seguros deben ser inscritos,
trámite que hasta ahora no era necesario y por el que cobrarán los
registradores.
Fuentes de Justicia admiten que esas
peticiones están incluidas en un “documento interno de trabajo” que sirve de
borrador de las enmiendas y en el que se habla abiertamente de mecanismos para
que los ciudadanos paguen de forma encubierta esa gestión del registro civil.
Estas fuentes aseguran que aún no hay nada decidido.