COMUNICADO DE LA PLATAFORMA JUSTICIA PARA
TODOS
COMUNICADO
1.- Apoyar la convocatoria
de huelga de las asociaciones de jueces
y fiscales, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial
Independiente, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional de
Fiscales, para el próximo día 20 de febrero, y las concentraciones convocadas
para ese mismo día por los sindicatos, frente a un modelo de Justicia impuesto
y no negociado, contra la privatización del servicio público de la justicia y
del Registro Civil, contra la Ley de Tasas y contra otras medidas improvisadas
y oportunistas que están provocando el desbaratamiento de la Justicia.
2.- Compartir y valorar
positivamente las recomendaciones al Ministerio de Justicia de la Defensora del
Pueblo sobre la Ley de Tasas, de vital importancia por la afectación de los
derechos y libertades de los ciudadanos, que evidencian claramente inexcusables
razones para presentar inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad.
3.- Lamentar las palabras
del Ministro que ha aceptado en horas lo que ha rechazado durante meses,
negándose a dialogar con todos los colectivos jurídicos y sociales, en una
unión sin precedentes, e ignorando el clamor popular que suponen las 350.000
firmas presentadas por los ciudadanos contra la Ley de Tasas.
4.- Denunciar que el gran
atasco en la Administración de Justicia, que se ha visto agravado por la
supresión de jueces y fiscales sustitutos (1.200) y la falta de personal
funcionario y laboral, puede devenir en definitivo colapso si no se suspende
inmediatamente la aplicación de la Ley de Tasas, teniendo en cuenta que, como
reclama la Defensora del Pueblo, deberá devolverse el importe de las tasas a
todos aquéllos que las hayan satisfecho y que hayan obtenido en su día el beneficio
de justicia gratuita.
5.- Manifestar que, a la
espera de conocer alguna concreción sobre la decisión del Ministerio, la
Plataforma conmina a la derogación o reforma sustancial de la Ley de Tasas a
través del mecanismo jurídicamente oportuno, para restablecer la tutela de los
derechos de los ciudadanos y, en todo caso, excluir a las personas físicas del
pago de unas tasas, desproporcionadas e injustas.
6.- Mostrar una vez más la
disposición a la negociación y al diálogo.
7.- Apoyar la decisión del Parlamento
sobre los desahucios y el trabajo de las organizaciones promotoras de la ILP
que refuerzan los valores democráticos de nuestra sociedad y deben permitir una
solución de justicia para las miles de personas afectadas.