El PSOE se compromete
a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas
Judiciales
El Grupo Parlamentario Socialista se ha
comprometido a presentar cuanto antes recurso de inconstitucionalidad contra la
Ley 10/2012 de Tasas Judiciales, tras la reunión mantenida ayer con la Plataforma Justicia
para Todos, encabezada por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española ,
Carlos Carnicer, y el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los
representantes de la Plataforma, que integran entre otros, los sindicatos CSIF,
CC.OO, UGT, USO, STAJ, y el Consejo de Consumidores y Usuarios, han trasladado a Rubalcaba que
los ciudadanos tienen derecho a acudir a los Tribunales en defensa de sus
legítimos derechos, tal y como reconoce nuestra Constitución y la Carta de
Derechos y Deberes del Ciudadano ante la Justicia, y no puede obstaculizarse o
impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que perjudica a una gran
mayoría de los ciudadanos. "Muchos ciudadanos, dijo
Carnicer, ya
están renunciando a ejercer sus legítimos derechos porque no pueden pagar las
tasas y esta Ley da la puntilla al sistema de garantías que los ciudadanos nos
dimos con la Constitución".
La reunión, que
ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados, se produce a los pocos días de
que la ‘Plataforma
Justicia para Todos' pidiera a la defensora del Pueblo una
solicitud formal para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas y solicite la paralización de
su aplicación; y después de que, este lunes, se entregaran 250.000 firmas en
este mismo sentido en el Ministerio de Justicia.
La ley, que
entró en vigor el pasado diciembre, contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y
que los ciudadanos paguen por primera vez en el orden Social y afronten un
coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y
Contencioso-Administrativa, unas cantidades a las que habría que sumar una
cuantía variable según el objeto del litigio.
El presidente
de la Abogacía denunció, además, que algunas de las arbitrariedades que fija la
Ley de Tasas se están tratando de corregir con el proyecto
de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que tampoco ha sido consultada
con la Abogacía, "lo que tiene un efecto doblemente perverso, ya que no
sólo no corrige el fondo del problema -el acceso a la tutela judicial efectiva-
sino que puede estropear un modelo que viene funcionando eficientemente, aunque
con necesidad de algunas mejoras". La Justicia gratuita amplía su campo desde
las causas económicas a "colectivos especialmente vulnerables"
La Abogacía
considera que la aplicación de la Ley de Tasas pone en evidencia su
inconstitucionalidad "debido a los grandes riesgos tanto por la exagerada
cuantía del tributo como por la ampliación de órdenes jurisdiccionales que se
sujetan a las tasas, como el laboral, tradicionalmente excluido" según
insistió Carnicer. Estas alegaciones se sustentan en la sentencia 20/2012
del Tribunal Constitucional, que cuestiona la legalidad de este tributo
"si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas son tan elevadas
que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un
caso concreto en términos irrazonables". La mayoría de los españoles tendrán que pedir un
préstamo para poder pagar las tasas judiciales
Los
representantes de los usuarios y consumidores y de los sindicatos pusieron de
manifiesto que la Ley tendrá efectos negativos sobre los arbitrajes -ya que la ejecución de éstos sí paga tasas-; que
beneficia a las empresas frente a los ciudadanos; que ya han producidos
renuncias a ejercer derechos; y que esta petición es fruto de la alianza social
frente a la quiebra del principio de igualdad en el acceso a la justicia.
"Con la excusa de la crisis -se dijo también- se está cambiando el modelo
social y de derechos". Los miembros de la Plataforma hicieron referencia
también a otros proyectos del Ministerio como la eliminación de los jueces
sustitutos o a la privatización de los registros
civiles, que
consideran un nuevo retroceso en el sistema de garantías.
El secretario general del PSOE, que manifestó su deseo de no
politizar la Justicia, se comprometió a recurrir cuanto antes esta ley ante el
Tribunal Constitucional porque "leyes como esta, que afectan y vulneran
principios y derechos fundamentales de los ciudadanos, como la igualdad o la
tutela judicial efectiva, pueden acabar convirtiéndose en una gran
injusticia".